Piden sanción ejemplar por abuso a Canela y recuerdan dos casos previos en Chimbote

En el distrito de Chimbote, provincia del Santa, Áncash, el caso de Canela, la perrita que vecinos de Villa Atahualpa rescataron en Nuevo Chimbote, ha vuelto a poner sobre la mesa el maltrato animal. La Asociación Protectora de Animales (APACHI) pidió que los responsables reciban la sanción más severa que permita la ley peruana. Así lo manifestó Sara Pasco Bobadilla, presidente de la agrupación, quien rechazó estos hechos.

El recuerdo de otros dos episodios similares en Chimbote salió a relucir por este caso. Uno de ellos se produjo en la cuarta cuadra de la avenida José Gálvez. Hasta allí llegaron de madrugada integrantes de Apachi para sacar a una perrita que, según lo que les informaron, era víctima de abusos por parte de sujetos extranjeros que solían estar en el lugar y consumían drogas. Gracias a esa intervención el animal quedó a salvo y después lo adoptó una comunicadora de Chimbote, que le dio un hogar seguro.

El otro antecedente ocurrió en la urbanización 21 de Abril. Una joven encontró a su propio padre en una situación parecida con una perrita. En ese caso no se pudo rescatar al animal, porque al día siguiente desapareció y ya no hubo forma de ponerlo a salvo ni de aclarar lo ocurrido.

Pasco recordó que en ninguno de esos dos casos anteriores se llegó a formalizar una denuncia que permitiera identificar a los presuntos responsables y llevarlos ante la justicia. Las dificultades para obtener sus identidades y reunir elementos suficientes para iniciar acciones legales impidieron avanzar.

Sobre el caso de Canela, la representante animalista expresó su indignación y sostuvo que las autoridades deben actuar con firmeza. Reconoció que el Código Penal peruano no tiene una figura específica llamada abuso sexual contra mascotas. Aun así, señaló que estos hechos sí pueden investigarse y castigarse por la vía que la norma reserva a los actos de maltrato hacia animales de casa. Todo dependerá de cómo se dieron los hechos y de las pruebas que se reúnan.

En esa línea, consideró que el video que, según lo señalado, registraría el hecho en flagrancia es un elemento probatorio importante que el Ministerio Público debe evaluar. Por eso exigió que la Fiscalía impulse las diligencias del caso. El castigo que fije el Poder Judicial debe ser el más duro, siempre que se compruebe la culpa de los implicados, según Diario de Chimbote.

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