Sala Penal revoca fallo que anulaba condenas por el caso semáforos inteligentes en Chimbote

En el distrito de Chimbote, provincia del Santa, Áncash, un tribunal de segunda instancia dejó sin efecto la decisión que había borrado las condenas por la compra e instalación de los semáforos inteligentes. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa emitió su sentencia de vista el 15 de octubre y calificó de improcedente la demanda de hábeas corpus.

El recurso quedó sin amparo. Lo había acogido un juzgado de la jurisdicción constitucional en el distrito de Chimbote, a cargo del juez Millner Ibáñez Vega, tras el pedido de la defensa de la exalcaldesa Victoria Espinoza García. Ese fallo también alcanzó a su exgerente municipal Julio Cortez Rojas y detuvo, de momento, el pago de la reparación civil al Estado.

El argumento del juez fue que la sentencia original contra la exautoridad se sostenía solo en indicios. Por eso dispuso un nuevo pronunciamiento sobre la adquisición y colocación de los equipos de tránsito en la ciudad. La medida generó cuestionamientos en el ámbito jurídico. Años antes, el Tribunal Constitucional ya había rechazado un recurso parecido vinculado a este mismo caso.

La Procuraduría del Poder Judicial actuó rápido y apeló la resolución para que una sala superior la revise y la revoque. Con la decisión de la Sala Penal de Apelaciones, las condenas recuperan vigencia y el proceso continúa su curso.

Sobre la exalcaldesa pesa además el antecedente de haber estado prófuga por varios años hasta lograr que prescribiera la ejecución de su pena. Ese beneficio le evitó la cárcel, aunque su responsabilidad penal siguió vigente ante la ciudad. Ahora su defensa intenta dejar sin efecto la sentencia mediante esta vía constitucional. Si la resolución quedara firme, el Estado perdería la posibilidad de cobrar la indemnización por los perjuicios a la gestión pública.

Para los vecinos del distrito de Chimbote, el caso de los semáforos inteligentes vuelve al centro de la discusión judicial. El asunto también pone en evidencia las dificultades del sistema legal peruano frente a las estrategias de dilación, según Bolognesi Noticias.